Un Estado cada vez más proteccionista

“Ya cumplí mi ciclo”, había dicho el 26 de octubre el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ante un grupo de empresarios molineros, anticipando que dejaría el cargo el 10 de diciembre. Muchos le creyeron. Otros no.
La realidad les dio la razón a los incrédulos. No sólo permanece en el cargo, sino que la Presidente le concedió superlativos poderes al asignarle la potestad de decidir qué productos pueden ser importados y cuáles no, por aplicación de lo establecido por la Resolución General 3252 de la AFIP.
Nos referimos al nuevo paso que dio el Gobierno nacional que pone una barrera al acceso de bienes provenientes desde el exterior, obligando a partir del 1o de febrero a la presentación ante la AFIP de una Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI) antes de cursar una orden de compra.
En realidad, los nuevos requisitos apuntan al objetivo oficial de “administrar” el comercio exterior, un eufemismo utilizado para justificar intervenciones estatales que eviten un mayor deterioro del superávit comercial y del stock de reservas del Banco Central (US$ 46.400 millones), que equivalen a algo menos de un año de importaciones.
De esa medida pueden hacerse varias lecturas, pero al menos tres emergen por sobre las demás. La primera, es la sensación casi de incredulidad que produce saber que un funcionario fuertemente discutido, que emplea mecanismos de disuasión poco ortodoxos, -por ser moderados en la calificación- y que ha aplicado políticas en la mayoría de las ocasiones ineficaces, ahora vaya a tener tamaño poder de decisión. Porque con esta nueva medida, el Gobierno –Guillermo Moreno- se arroga el derecho de decidir por los gerentes de compras de las empresas qué, cuánto, cuándo y cómo importar. Y aun cuando este freno implícito no llegue a todas las cadenas productivas, es fácil suponer que la proliferación de controles oficiales y “sellos” de autorización también desvelará a los gerentes de logística.
Esta determinación del gobierno K también lleva a preguntarse qué pasará en la práctica con las importaciones orientadas a actividades más sensibles como el de la medicina, la informática, las comunicaciones o la industria automotriz, sólo por señalar algunas. Y cabe preguntarse, además, qué incidencia tendrá en la relación comercial con los países vecinos y aquellos con los que se mantiene una balanza de pagos más o menos equilibrada. ¿Cómo repercutirá esto en el vínculo con Brasil, o Uruguay, por ejemplo?
Pero la reflexión de fondo en toda esta cuestión, es reconocer que la Argentina se está volviendo un país cada vez más proteccionista, a raíz de la acérrima defensa a la industria nacional que aplica el Gobierno desde 2003, aunque con más fuerza a partir de 2008 por la crisis externa
Nuestro país es el más proteccionista del mundo con 148 medidas vigentes, de acuerdo con el relevamiento que diariamente actualiza la consultora Global Trade Alert (GTA). En segundo lugar, se ubica Rusia, con 125, seguido por la India (96), Estados Unidos (90), Reino Unido (76), Francia (70), China (68) y España e Italia (63).
Los economistas opinan que es a todas luces muy delicado que la Argentina se cierre al comercio cada vez más; eso puede traer como consecuencia cada vez menos exportaciones y una desaceleración de la actividad industrial.
No puede ignorarse que la Argentina -como la mayoría de los países- no se autoabastece de todo lo que produce, comenzando por muchos proyectos promocionados como de “sustitución” de importaciones. El sector industrial en su conjunto tiene un déficit comercial estructural, calculado en US$ 25.000 millones anuales. Así, la pretensión de controlar todas las importaciones puede ser pan para hoy y hambre para mañana.
Los posibles efectos no deseados de esta nueva medida incluyen la interrupción de líneas de producción, exponerse a represalias comerciales, el avance del contrabando y casos de corrupción por el exceso de burocracia y, una cuestión que no es menor, el freno a nuevas inversiones privadas por la mayor incertidumbre en la provisión de insumos.
Está muy claro que no es menor este tipo de medidas y la verdadera preocupación es no saber ciertamente si responde a políticas planificadas o si, por el contrario, obedecen a urgencias “de caja” que deben resolverse en el corto plazo.